La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dictaminó otro proyecto de la ley para regular el precio de los alquileres, que debería aprobarse el 30 de noviembre en el recinto si hay acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Daniel Lipovetzky, del PRO, que terminará su mandato el 10 de diciembre, volvió a abrir la comisión para buscar un despacho y lo consiguió, porque a diferencia de su último intento asistieron sus compañeros de bloque y firmaron en disidencia y con algunas críticas. 

"Las leyes de congelamiento o que regulan los alquileres siempre terminaron siendo leyes nefastas, porque impidieron la concreción de emprendimientos inmobiliarios", recordó Jorge Enríquez, del PRO, pero confió en que en este caso "ayudará a paliar la situación de la parte más débil: los inquilinos".

Al término de la reunión restaban 3 firmas para la mayoría que Lipovetzky confiaba en conseguir, pero el proyecto podría ser modificado en el debate en particular por la cantidad de observaciones y firmas en disidencia de los legisladores.

El texto final fue consensuado por los referentes de las bancadas con fragmentos de los presentados por Lipovetzky, el kirchnerista Agustín Rossi y la cordobesa Silvia Horne, del Movimiento Evita. 

Varios diputados del PRO habían vaciado la última reunión de comisión y esta vez fueron y apoyaron con disidencias. Se trataría este mes en el recinto. 

Lo respaldaron las asociaciones de inquilinos y los martilleros, que estarán reconocidos como únicos intermediarios habilitados; pero fue rechazado por las cámaras inmobiliarias que volvieron a exigir precios libres. "¡El déficit habitacional lo debe resolver el Estado! ¡Hagan cooperativas de vivienda!", gritó al micrófono y sin que le dieran la palabra, una de las dueñas de inmobiliarias que siguió el debate.

El proyecto extiende de 2 a 3 años el tiempo de los contratos, habilita a retocar el precio al año pero sólo mediante una fórmula que surge de combinar el índice de precios al consumidor y el de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

"No vamos a permitir más que los alquileres aumenten más que los salarios", prometió Lipovetzky, terminada la reunión y mientras sus asesores seguían buscando firmas.  Durante el debate, Pablo Tonelli, también del PRO, no opinó igual: pidió liberar la actualización de los precios, permitir que siga haciéndose a un semestre y "que las partes acuerden un índice". 

El dictamen amplía las garantías posibles, que ya no serán únicamente otra propiedad, sino también un recibo de sueldo certificado de ingresos del inquilino y/o sus conyugues, o un seguro de caución.  Las expensas extraordinarias siguen siendo responsabilidad del propietario y los consorcios no podrán incluir refacciones del edificio entre las ordinarias. Se reduce el depósito a un mes de alquiler, mientras que los honorarios no quedan regulados y serán materia de cada provincia. 

Fotografía HCDN

"En todos los países los plazos de los alquileres son de 5 o 7 años. Las inmobiliarias deberían registrarse en la AFIP, porque son los evasores más grandes que conozco", acusó Gervasio Muñoz, uno de los presidentes de la asociación de inquilinos que más caminó por esta ley.

"Lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años en vivienda es realmente trágico para la gente que vive en la calle, para quienes fueron estafados con los créditos UVA, para quienes alquilan en hoteles y pensiones, para quienes alquilan en el mercado inmobiliario", protestó. 

Recordó que una versión fue aprobada en el Senado en 2016, Mauricio Macri ordenó cajonearla, la envió para extraordinarias en diciembre, obtuvo dictamen, pero las cámaras inmobiliarias lo convencieron de no tratarla. 

El dictamen incluye un Programa Nacional de Alquiler Social, expuesto por el  Secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, quien participó de la comisión y celebró el avance. "Es algo muy novedoso, ya que la política habitacional en Argentina no incorpora ningún programa de alquiler social".

"Muchas familias alquilan sin ninguna protección del Estado y, como solución, muchos países de la región han incorporado esta política pública. Creemos que el alquiler social tiene que estar incorporado en la política de vivienda moderna de Argentina", dijo Kerr.

El cordobés Juan Brügge, de la democracia cristiana y cercano al gobernador Juan Schiaretti, recordó que en Berlín son habituales los planes de viviendas sociales para proteger a las familias de la especulación inmobiliaria; y la kirchnerista Araceli Ferreyra citó proyectos similares en New York y Washington. "Quienes nos piden no regular, regulan".

En el recinto se incorporaría mayores protecciones a jubilados y a víctimas de violencia de género. La sesión sería el miércoles 13 o el 20, para tener un margen de error por si no se logra la mayoría. El 30, el dictamen caduca.